Nota de opinión del Secretario General de APPAMIA


Todos los gobiernos han intentado desde hace décadas, con suerte diversa, modificar las leyes que rigen las relaciones del trabajo, siempre con el nunca oculto objetivo –incluso declamado- de lograr la “flexibilidad laboral”.

Uno de los que más había avanzado en esa materia fue el de Carlos Menem, que estableció los contratos “basura”, entre otras pautas que en todos los casos tuvieron claros beneficios para el sector empleador.

La actual administración de Mauricio Macri no es, lógicamente, la excepción a la regla, y ahora se propone volver a la carga para imponer una serie de nuevos principios que más temprano que tarde fomentará la precarización en todos los niveles del mundo del trabajo. O sea, una afectación transversal, sin diferencias entre oficios y profesiones.

De todas maneras, no será la primera intentona del Gobierno de Cambiemos, ya que hubo un primer ataque cuando la cartera de Trabajo tenía rango de Ministerio y a su frente estaba Jorge Triaca, hijo del recordado ex titular de esa dependencia que, en los ’90, fue uno de los artífices de la flexibilidad y emblema del menemismo en el sector sindical.

En esta ocasión, Triaca hijo fracasó por varias razones. Una de ellas fue el escaso volumen del ex funcionario –eyectado por su propio Gobierno cuando le degradaron la cartera al rango de Secretaría y lo obligaron a renunciar-, quien también contribuyó al sino de las contradicciones de los que predican la ética fácilmente, cuando se supo que en su familia había una empleada en negro, además designada a dedo en un sindicato intervenido.

Esa carencia de envergadura política y de experiencia en un universo caliente y complicado como el laboral, está íntimamente relacionada con otras causas del fracaso momentáneo de la reforma: la presión de los gremios –que advirtieron que se iba a desatar un serio conflicto- y los acuerdos con algunos sectores que neutralizaron la iniciativa.

Ahora Macri y su equipo –con el aval empresarial, por supuesto- vuelven a la carga y pretenden retomar los puntos que hasta este momento vienen naufragando: reducción (en algunos casos drástica) del horario de la jornada laboral para empresas en crisis, con el supuesto e incierto objetivo de preservar las fuentes de trabajo, pero con el seguro perjuicio salarial inmediato y sin garantías firmes de que se mantengan los puestos; el cambio de sistema de indemnización, cuyo único objetivo es abaratar los resarcimientos por despido; la evaluación de la productividad para la firma de los nuevos convenios, un factor harto difícil de analizar en muchas actividades, y el combate del empleo en negro (alrededor de un 40 por ciento, insostenible en cualquier economía normal), con indudables y a la vez objetables beneficios para los empresarios en materia tributaria e inaceptables “amnistías” para quienes estuvieron al margen de la ley.

Así, se vuelve otra vez a machacar con una propuesta que se cobija falsamente bajo el paraguas de la creación de trabajo formal, ya que en realidad obedece a las necesidades y exigencias empresariales, pues el desarrollo y los nuevos empleos son, desde el principio de los tiempos, consecuencia de una economía próspera y al servicio del bien común y no de meras leyes, decretos o resoluciones voluntaristas.

Es en medio de este panorama en el cual, como todos los trabajadores, los médicos y sus representantes gremiales debemos mantener una firme postura para que no se conculquen derechos que nos asisten desde hace décadas, a pesar de que, como se ha dicho, todas las administraciones, aun burlándose de la Ley Suprema, la Constitución Nacional, han logrado establecer parámetros flexibilizadores, con su consecuente precarización de las condiciones laborales.

A diferencia de los tiempos que ya han quedado prácticamente en el recuerdo, los profesionales de la salud, pese a ser un vector esencial e imprescindible de las comunidades, fuimos viendo acotados nuestros espacios de acción y desarrollo e incluidos paulatinamente pero sin pausa en el mercado de la lisa y llana relación de dependencia.

Es así como de a miles los médicos y otros profesionales de la salud se desempeñan hoy no solo en los hospitales –nobles efectores, formadores fundamentales en esta actividad- sino en las diversas obras sociales, en las empresas de medicina prepaga y en las clínicas privadas (a veces en condiciones deplorables), donde en no pocos casos el aspecto mercantil se impone a los criterios del sanitarismo en pos del bien común, que deberían ser inmaculados.

En síntesis, estamos nuevamente en los umbrales de un momento “bisagra” en materia laboral, lo cual, aunque suene paradójico para algunos, podría redundar en un refuerzo de las relaciones laborales y la reivindicación de las actividades más diversas y los trabajadores que las desarrollan, si se actúa con inteligencia pero sobre todo con conciencia de clase y conducta gremial.

Los profesionales de la salud debemos comprender cabalmente que, si bien nuestros títulos y capacitación nos ubican, con justicia, en un estamento privilegiado de la comunidad –y como tal deberíamos ser contemplados-, la realidad nos sitúa a la vez en el segmento donde militan millones de trabajadores sin distinción de categorías.

De tal manera, es indudable –más bien inevitable- que los médicos participemos de nuestras organizaciones representativas, tanto sumándonos como participando activamente.

Los colegios y los círculos tienen importancia, pero en un aspecto “social” y hasta burocrático, ya que las organizaciones gremiales reconocidas, como APPAMIA, son las únicas facultadas legalmente para reclamar institucionalmente y firmar acuerdos con las autoridades correspondientes.

Este status obedece férreamente –al menos en nuestro caso, aunque seguramente también en el de organizaciones hermanas- a la convicción de que solo colectivamente y no de manera individual podremos conseguir nuestros objetivos y evitar que los intereses parciales se impongan a los generales y afecten a un sector que desde hace mucho tiempo viene siendo apuntado.

Este, en definitiva, debe seguir siendo el principal objetivo de los profesionales de la salud, que opondremos nuestra voluntad inclaudicable a quienes pretendan avasallar derechos a través de proyectos espurios que, más que remediar, enferman.

Roberto Souto